Más al norte que hay lugar

Más al norte que hay lugar

Ley del trabajador rural no se aplica

La tierra descansa luego de la lluvia. Subidos a un camión llegan los recolectores, los peones. Otros ya están en la hacienda, chacra, campo, monte. Todos intentan recomponer lo que los trastornos climáticos destruyeron: la lluvia arrasó con papas, lechugas, tomates, boniatos, chalas, maíces… Las asadas golpean los terrones de tierra, intentan vencer el cansancio y el insomnio del hambre. Mientras el sol está en su punto más alto, seca cuerpos pero no seca el barro. Al llegar a casa queda en el trabajador una certeza: mañana todo será igual.

En el año 2010 se promulgó una ley que regula las jornadas de trabajo en el medio rural, limitándolas a ocho horas. Pese a la vigencia de esta normativa, tanto autoridades estatales como representantes sindicales, expusieron las grandes dificultades de aplicar dicha normativa.

En 2015, Gustavo Rey, inspector general de trabajo, sostuvo que donde se generan más dificultades para la aplicación de la normativa laboral es en “el sector comercial, (en el de) las empleadas domésticas, y (en) el rural.” Señaló que “el 15% de las denuncias se realizan a través de los sindicatos”. Actualmente, estadísticas como las del observatorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) informan que el ingreso per cápita de hogares en las zonas rurales ronda los $ 10.000.

María Flores, quien integra la directiva de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y preside el Sindicato de Mujeres Rurales (SMR) -que forma parte del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Afines-, sostuvo que la normativa no es respetada por los empleadores.

Flores observó que las denuncias al ser realizadas por los sindicatos “pierden validez”. Esta invalidez es producida por “la relación entre el empleador y el trabajador”. En tanto el empleado no denuncie, “el sindicato no logra afrontar, ni captar todas las regularizaciones”. “Muchas veces los empleadores hacen creer que las normativas son un invento”, concluyó.

La principal causa de la desregulación del sector, según Flores, es el desconocimiento de la normativa entre los trabajadores rurales y las dificultades para hacerla cumplir por parte de los sindicatos. Sin embargo, la representante enfatizó en la existencia de “fallas institucionales”. “Por lo general las campañas del MIDES o de las Intendencias están dedicadas a la violencia en el fútbol o (a) la violencia doméstica. No está mal pero el trabajador rural debería ser tomado en cuenta”, indicó.

Por otra parte, César Rodríguez, representante del Sindicato de Peones de Estancia (SIPES), explicó que dentro de su rubro una de las mayores dificultades es “hacer entender a los empleadores la indumentaria (que) deberían proporcionar”. La necesidad de un apero – asiento que se utiliza para montar caballos- es “apremiante”. La importancia de este artículo para la tarea hace que sea el trabajador quien asuma el costo, el que asciende a $22.000, aproximadamente. Para el dirigente, el apero debe ser proporcionado por los empleadores. “En las obras de construcción las herramientas son proporcionadas por el empleador, como los taladros o el portland”, comparó.

Para evaluar la situación general del trabajador rural, según Rodríguez, deben tenerse en cuenta aquellos departamentos de Uruguay donde es más difícil cumplir con la regularización. Entre los 19 departamentos mencionó Durazno, Rivera y Artigas como aquellos “donde surgen más problemas”. En las zonas fronterizas, la lejanía causa problemas estructurales. A algunas mujeres, a pesar de trabajar como domésticas, por “ser esposas de un peón no se les paga”. Insistió en que en las zonas más lejanas a los centros poblados existe una mayor informalidad “incluso hay menores trabajando”.

El vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), Marcelo Amaya, afirmó que la gran problemática dentro de su rubro son los agrotóxicos que se echan sobre los cultivos de arroz, lo que ocasiona que muchas veces los trabajadores se intoxiquen. Sostuvo que “muchos de nosotros tenemos enfermedades crónicas, ni podemos tomar agua”.

Por otra parte, Amaya declaró que “desde el sindicato se realizaron denuncias al productor de arroz Diego Ramón Ortiz”. Ortiz es propietario de más de una decena de establecimientos rurales en Durazno y Treinta y Tres. El representante sindical explicó que hay una “excesiva utilización del agrotóxico” en las empresas del productor. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta ni de las autoridades ni del propio Ortiz a quien “se le ha notificado de los problemas de salud que genera” enfatizó.

Fronterizos e informales

La línea fronteriza con Brasil, integrada por los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, es de 1.068,1 km. Esta región representa un 25,5% del territorio nacional.

El Departamento de Rivera se encendió ante el proyecto de una nueva papelera. Sin embargo, la situación del trabajador de la madera no deja de ser la misma que hace diez años: los sueldos rondan los $ 10.000 y el trabajador recién comienza a agruparse. El vocero del sindicato de la madera, Javier Miranda informó que han comenzado a tener reuniones periódicas con el sindicato de cítricos. Las discusiones se centran en tres ejes: la dificultad de agremiarse, la posibilidad de reemplazar el ficto –partida mensual regularizada por la ley del trabajador rural que pretende retribuir las necesidades alimentarias de la familia del trabajador- y la necesidad de una definición legal de “zafra” ya que, actualmente, no existe.

Por parte del sindicato de trabajadores de Cítricos, Flores comentó que este sector está “en una crisis”. Sostuvo que los despidos y reajuste de salarios siempre recaen sobre el trabajador. “Mientras que a los trabajadores se les paga un sueldo de $ 10.000 pesos y un ficto de $ 3.000, los gerentes de las empresas ganan $300.000. Y en caso de lluvias el Estado subsidia al productor pero no al trabajador. Como sucedió el año pasado con los productores de cítricos”, aclaró.

Según Miranda, la intención es “lograr concebir una nueva figura zafral ya que (con) el cambio climático los tiempos se han acortado y muchas veces quedamos en seguro de paro rápidamente”. La Baraja consultó sobre este punto al catedrático de Derecho Agrario de la UdelaR, Daniel Saavedra quien, a diferencia de todos los sindicatos de los trabajadores rurales, sostuvo que no ve una “urgente necesidad de crear una nueva figura legal”. Indicó que la legislación actual “respeta la tradición entre patrón y peón”, lo que valoró de forma positiva.

No hay Ley que valga

Juan Castillo, ex director general de trabajo, también afirmó que uno de los sectores más vulnerables es el sector rural. “Siempre se encuentran anomalías cuando se realizan inspecciones”, aseguró Castillo. Por otra parte, indicó que la dificultad para que los trabajadores se organicen consiste en “la poca cantidad de trabajadores por chacra o campo donde los sindicatos tienen más debilidad y el patrón un poco más de fuerza. Mientras que la lejanía dificulta la labor del Ministerio de Trabajo”

Por otra parte, Gustavo Rey, director general de la Inspección de Trabajo, comentó a SdR de qué manera actúa el organismo estatal. Según Rey se toman en cuenta dos factores para dilucidar la vulnerabilidad de un sector: el formalismo y la siniestralidad, lo que significa analizar la cantidad de personas que trabajan en blanco y las condiciones laborales respecto a la salud y sanidad: “los trabajadores rurales tienen grandes problemas con ambos factores”, afirmó.

El director señaló que se realizan aproximadamente 700 operativos en el sector rural en los que regularmente encuentran anomalías. Definió a la multa como “una forma eficaz” para mejorar las condiciones laborales en el medio rural.

Por otra parte, los objetivos de las inspecciones son fijados según la cantidad de denuncias realizadas. “Nos llegan muchas denuncias, las que son casi siempre ciertas. Según la cantidad de denuncias establecemos nuestras prioridades por sector.”, indicó el directivo. Por último, a pesar de admitir que la presencia estatal no es fuerte en las zonas fronterizas, la labor de la Inspección General de trabajo, se divide por rubro y no geográficamente.

En suma, los trabajadores deben primero organizarse para luego denunciar a través de sus sindicatos. La Inspección actúa según las denuncias recibidas, las que en general se canalizan a través de los sindicatos y son públicas, por lo que cada sector productivo puede prever a quién inspeccionarán más veces. Al mismo tiempo la Inspección reconoce que las mayores dificultades se encuentran en las zonas fronterizas, sin embargo, continúa dirigiendo su accionar por sector.