El cobijo del Estado

El cobijo del Estado

En una nueva edición de la Marcha del Silencio, miles de personas marcharon en Montevideo bajo la consigna “Impunidad: responsabilidad del Estado ayer y hoy”.

En la esquina una mujer pregunta

-¿Ya están los de Soca?

-No sé, pero faltan compañeros por levantar.

La mujer que responde se encamina hacia la esquina de Jackson y Rivera, saca una de las fotografías enganchadas en la pared, toma el palo de madera y lo alza.

Los grupos de personas dejan de dispersarse. Abren paso, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora de Apoyo y Crysol, envistiendo para llegar unos pasos más allá del cruce de calles. 

Las personas abarrotadas en las veredas fijan su mirada. Los rituales comienzan, con tropezones y empujadas, se forma la primera línea. Despliegan la pancarta que les tapa la mitad del cuerpo. Los fotógrafos encienden el fuego. Los periodistas hacen sus últimas preguntas. Ya nadie puede tener la mala suerte de estar desencontrado.

La Marcha del Silencio comienza con flashes y el paso lento. Son las siete de la tarde, el silencio nuevamente devora la ciudad.

El cobijo del Estado

El primer desaparecido en Uruguay fue Abel Ayala, estudiante de Medicina. Desapareció el 17 de Julio de 1971. Vivía en el Cerrito de la Victoria. Su compañera fue interrogada por un agente policial. Abel nunca le llevo los libros que dijo, ni tuvo tiempo de excusarse.

La dictadura duró desde 1973 a 1985. Tras la salida democrática, no se supo dónde estaba Abel, tampoco Elena, ni tampoco Hector, ni Juan, ni Nebio. Como tantos otros más.

Las investigaciones parlamentarias que procedieron tienen inicio en el año 2000 al crearse la Comisión para la Paz. Bajo la presidencia de Jorge Batlle, la comisión se encargó de recolectar las denuncias realizadas hasta ese momento.

En Abril de 2003 un informe elevado al entonces presidente de la República- Jorge Batlle- reza que en esos tres años de trabajo “se trató, en definitiva, no de lograr “una verdad” o la “verdad más conveniente”, sino solamente “la verdad posible”. Según el informe, los cuerpos de los primeros desaparecidos antes del golpe de Estado “habrían sido arrojados al mar en una zona cercana al Cerro de Montevideo.” Mientras que los restantes “habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal de alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata”. Lo que se conoce como “Operación Zanahoria”.

En 2004 el Frente Amplio gana las elecciones. Los militantes de Derechos Humanos- Servicio de Paz y Justicia, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Instituto de Estudios Legales Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, entre otros- saborean la victoria. Con mayoría paramentaría frenteamplista no se deroga la ley de Caducidad.

En 2005 se halla el primer cuerpo de un detenido desaparecido, Ubagesner Chaves Sosa en una chacra de Pando. En 2006 se encuentran los restos de Fernando Miranda, militante del Partido Comunista desaparecido en 1975, en el Batallón 13° o “300 Carlos”.

En 2008 el Estado uruguayo participó de la Convención internacional contra las desapariciones forzadas y se promulga una ley que tipifica los casos en dónde debe aplicarse la figura.

En 2011 se crea la comisión Intergremial de Seguimiento, con un nuevo convenio con la UdelaR. Las excavaciones estarán a manos del Área de Historia y Antropología forense, de la Udelar. Los que tras exhaustivas excavaciones encuentran los cuerpos de Julio Castro en 2011 y Ricardo Blanco en 2012.

Los hallazgos pusieron en duda las conclusiones de la Comisión de la Paz, respecto a la supuesta “Operación Zanahoria”.

En la actualidad, de acuerdo a los datos publicados por el Observatorio Luz Ibarburu, “la cantidad de víctimas de desaparición forzada cuyos casos han implicado procesamiento son de un 42%”.

Por otra parte, a pesar de las recomendaciones del Informe de la Corte Interamericana de Derechos humanos sobre el caso de María Claudia Gelman sobre juzgar los delitos como crímenes de lesa humanidad y/o desaparición forzada, en el 13% de los casos tratados se juzga a los militares imputados con la figura de “homicidio especialmente agravado”. La diferencia radica en que estos últimos prescriben. Mientras que la desaparición forzada, en tanto delito de Lesa Humanidad, es imprescriptible.

La consigna comentada

Cerca del 14 de Abril en el año pasado la sede del GIAF (Grupo de Investigación en Arqueología Forense), que investiga la ubicación de los detenidos desaparecidos, fue robada. Dejaron un mapa con la dirección de los investigadores y un disco duro menos.

Este año, se envía un correo con la firma de “Comando Barneix”. El nombre proviene de un militar que a fines de 2015 se suicidó luego que la Suprema Corte de Justicia rechace su defensa y se pida su encarcelamiento por la muerte de Aldo Perrini. El autodenominado comando amenaza con matar a 3 personas de una lista de 15 autoridades si vuelve a suceder lo de Barneix. Entre los amenazados se encuentra el Ministro de Defensa, Jorge Menendez y la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze.

Ignacio Errandonea, militante de Familiares y Crysol, sostuvo que la consigna de la marcha sí apunta a la responsabilidad del Estado. “La justicia no impera en el Uruguay. Los militares no son juzgados, ni por los hechos de ayer, ni por los de hoy como, por ejemplo, los culpables del robo del GIAF o los del “Comando Barneix”, declara.

La militante de la Coordinadora de Apoyo, Mariana Marrero, indica que “en ningún momento el Estado reconoció estos crímenes. Es el momento que el Estado tenga un papel activo en este tema”. Mientras que a la Marcha del Silencio “se encuentran formas de invitar a la gente, de hacer que se sienta invitada”.

Por su parte, el senador Rafael Michelini sostiene que “está bien que Familiares pida responsabilidad al Estado. Se está armando una comisión parlamentaria por el tema de las fiscalías. El Estado tiene que actuar más”. Al igual que Andrés Berterreche, militante del MPP, que comenta que la consigna de la marcha “estaba bien”, pero no sigue porque le “llegó el silencio de la marcha”.

Finalmente, la Senadora por el MPP, Lucía Topolansky se abstiene de comentar el accionar estatal respecto a los derechos humanos. Señala, por otra parte que “Familiares es una organización que sufrió mucho” y que “no se puede medir con una vara el dolor”.

La ciudad con ruidos

Personas en las veredas. Personas en los balcones. La ciudad sigue despierta. Unas cuadras más allá de la marcha algunos esperan para unirse, otros tocan con impaciencia bocina desde sus autos. Enfrente a la Intendencia montevideana, se escuchan canciones. Aparecen las ahora diminutas fotografías por Constituyente. La seguridad abre el paso. El parlante canta “cae lluvia sobre los cuarteles”. Atraviesan los últimos cinco autos por Ejido. Antes de que llegue Familiares, abre paso un camión. Encima de la caja los lentes tratan de divisar la última línea de la marcha. Cesa la música. Una mujer dicta a la ya cercana muchedumbre, María Rosa Aguirre, a lo que cientos responden “Presente”. Llegan los transeúntes que bordeados por el frío caminan por el lado contrario para mezclarse en la marcha. Otros escuchan tango en la esquina de Carlos Quijano, mientras que, bajo el cobijo de cuatro paredes, desabrigados y tranquilos, toman café. 

 

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